Primera bola de set para la aprobación de la ley de amnistía. El Congreso debatirá, votará y, salvo sorpresa mayúscula, dará este martes luz verde a la controvertida norma, que una vez aprobada en la Cámara Baja pasará al Senado para su ratificación definitiva. Es probable que no haya cambios con respecto al polémico texto pactado la semana pasada por el PSOE con Junts y ERC, aunque nadie descarta movimientos de última hora en una tramitación que ha estado plagada de ellos.
Lo que con toda seguridad sí aparecerá en el debate será el nuevo frente judicial relativo al procés, dado que este lunes la Justicia prorrogó la investigación de la conocida como trama rusa. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona lo hizo argumentando que Rusia ofreció "soporte económico y militar" al entorno de Carles Puigdemont para apoyar la causa independentista en un intento de desestabilizar la "democracia y la Unión Europea".
Según el juez Joaquín Aguirre, que dirige las pesquisas del caso Voloh y la trama rusa, el expresident Puigdemont y su círculo próximo mantuvieron "estrechas relaciones personales" con miembros de los servicios secretos rusos y con políticos de la extrema derecha de Alemania e Italia. Entre los implicados estarían el propio Puigdemont; el exresponsable de relaciones internacionales de Convergència —el partido antecesor de Junts— Víctor Terradellas; el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay; o el informático Jaume Cabaní.
Con ese panorama, el debate definitivo de la amnistía en el Congreso se presenta caliente. Aunque no es el último paso para que la ley acabe en el BOE, lo cierto es que la sesión de este martes será decisiva para conocer el redactado definitivo de la norma. El PSOE no ha querido cerrarse de forma definitiva a aceptar en el último momento alguna de las modificaciones que exigen ERC y Junts, aunque este lunes lanzó un mensaje poco claro: mientras Ferraz aseguró que no está negociando más cambios, el PSC sostuvo que la negociación con ERC y Junts "sigue hasta última hora".
La semana pasada, socialistas e independentistas ya pactaron y aprobaron una enmienda destinada a blindar la posibilidad de que Puigdemont se pueda beneficiar de la medida. Esa modificación plantea que la futura amnistía se podrá aplicar a los investigados y condenados por delitos de terrorismo relacionados con el procés siempre y cuando estas acciones no "hayan causado violaciones graves de Derechos Humanos", es decir, no hayan atentado contra el derecho a la vida o conlleven la existencia de torturas.
El resto de demandas de Junts y ERC
Pero ERC y Junts quieren ir más allá y ampliar dos meses más el periodo que abarcará la amnistía –desde el 1 de noviembre de 2011–, además de garantizar que la ley se aplique de forma "inmediata" una vez aprobada por las Cortes Generales. Asimismo, quieren ampliar los actos englobados en la norma, incluyendo los "atribuidos" en base a "operaciones policiales artificiosas orientadas a la criminalización de cargos públicos". Acotan que se han de amnistiar actos de "colaboradores" aunque no estén directamente "vinculados" al procés, así como delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional, una enmienda para tratar de blindarse aún más en casos como el de la trama rusa.
Pese a que el PSOE aseguró que no hay negociación, ERC afirmó este lunes que seguirá hablando con los socialistas "hasta el último momento" para que se apruebe una ley que "tiene que dar cobertura a todas las personas que participaron en las consultas del 9-N" de 2014 y "en la organización del 1-O" de 2017. Por su parte, fuentes de Junts también mostraron su disposición a negociar hasta este mismo martes, y afirmaron a última hora de ayer que "por el momento" no había "acuerdo". Sumar, por su parte, se puso de perfil y se limitó a decir que no tenía decidido si apoyará o no las enmiendas de ERC y Junts.
No obstante, hacer nuevos cambios en la ley tiene una dificultad añadida: que el reglamento del Congreso solo permitiría, llegados a este punto de la tramitación, apoyar tal cual las modificaciones que piden los independentistas, sin que el PSOE pudiera suavizarlas. Para que se pudiera votar una enmienda pactada entre socialistas e independentistas, sería necesario el apoyo de PP y Vox, que parece imposible.
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